El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy la nueva directiva de asistencia médica transfronteriza, destinada a clarificar los derechos de los ciudadanos comunitarios para recibir servicios sanitarios en otros países miembros y a garantizar la calidad de estas prestaciones. 
A partir de ahora se necesitará una autorización del país de origen que es quien finalmente pagará por la
asistencia y no como hasta la fecha. Es una buena noticia para las arcas del Estado. De hecho fue una iniciativa española para evitar que vinieran aquí cientos de personas de otros países de manera indiscriminada a tratarse...
Para nosotros no es una buena noticia ya que además de ser potestativo que nos concedan o no la autorización, a los pacientes sólo se les reembolsará la parte del tratamiento que se le costearía en su lugar de origen.
El texto final es menos ambicioso de lo que pretendía inicialmente la Comisión Europea (CE), e incluye condiciones introducidas por los estados miembros para evitar la proliferación del "turismo sanitario".
Actualmente, sólo el uno por cierto de los pacientes europeos reciben prestaciones médicas en otros países, lo que supone un gasto público de unos 10.000 millones de euros en toda la Unión Europea (UE), equivalente al uno por ciento del gasto total en Sanidad.
La entrada en vigor de la nueva normativa tendrá un impacto muy limitado en las arcas de los estados miembros, estimado por la Comisión en unos 30 millones de euros anuales.
La principal novedad con respecto al reglamento actual es la obligatoriedad de contar con una autorización previa de la sanidad nacional para aquellos pacientes que decidan acudir a otro país de la UE para recibir determinados tratamientos médicos.
Este permiso será necesario para solicitar tratamientos de enfermedades raras, que requieran el ingreso del paciente durante al menos una noche o el empleo de material médico "de alta tecnología", como la radioterapia u otras técnicas empleadas en la oncología.
Los estados miembros podrán denegar la autorización para tratamientos en caso de que haya dudas sobre su calidad en el país en cuestión, y también si demuestran que se puede recibir el mismo servicio en el país de residencia en un plazo razonable.
Como regla general, se establece que el país de residencia del paciente será el que deba sufragar su tratamiento incluso si este tiene lugar en otro de la UE. Además, con objeto de evitar que los ciudadanos de un país se puedan beneficiar de los sistemas médicos de otros que ofrecen una mayor cobertura, a los pacientes sólo se les reembolsará la parte del tratamiento que se le costearía en su lugar de origen.
De esta forma, los estados miembros confían en impedir que haya grandes flujos de ciudadanos comunitarios que acuden a otros países a recibir tratamiento médico.
 
Podéis acceder al texto completo (Aún no está publicada en la Diario de la UE)  aquí